BARRIENTOS & SUAZO LTDA.
Esta página reúne análisis técnicos, recursos jurídicos actualizados y artículos especializados en defensa penal y migratorio en Chile. Desarrollados por abogados con más de 20 años de experiencia litigando en tribunales de garantía, cortes de apelaciones y ante el Servicio Nacional de Migraciones.
El sistema procesal penal chileno y la nueva legislación migratoria presentan desafíos técnicos que requieren conocimiento especializado. En esta sección encontrará contenidos desarrollados desde la práctica profesional: casos reales, análisis de jurisprudencia de la Corte Suprema, recursos constitucionales y estrategias de defensa aplicadas exitosamente en la Región de Antofagasta y a nivel nacional.
Los temas están organizados en dos grandes áreas: Derecho Penal y Derecho Migratorio. Cada subtema incluye explicaciones técnicas accesibles, referencias normativas y enlaces a recursos descargables para profundizar en aspectos específicos de su caso.
Nuestra práctica en derecho penal se enfoca en la defensa estratégica de personas formalizadas o condenadas por delitos de mediana y alta complejidad. Con más de dos décadas litigando en el sistema procesal penal chileno, hemos desarrollado habilidades en etapas críticas: control de detención, formalización de la investigación, preparación de juicio oral, recursos de nulidad y amparos ante vulneraciones de garantías fundamentales.
El enfoque que aplicamos combina análisis exhaustivo de los hechos, construcción de teorías del caso sólidas y argumentación técnica ante Tribunales de Garantía, Tribunales de Juicio Oral en lo Penal y Cortes de Apelaciones. A continuación, presentamos los principales subtemas de interés en estas materias.
La prescripción de la acción penal es una institución procesal que extingue la responsabilidad penal cuando transcurre un plazo determinado sin que se ejerza la acción penal en contra del imputado. En simples delitos, este plazo es de cinco años desde la comisión del hecho, conforme al artículo 95 del Código Penal. Sin embargo, la jurisprudencia reciente de la Corte Suprema ha establecido criterios rigurosos sobre qué actos interrumpen este plazo.
Según las sentencias dictadas entre 2024 y 2025, solo la formalización de la investigación ante un juez de garantía suspende el plazo de prescripción. La presentación de una querella criminal, por sí sola, no tiene efectos suspensivos. Esto ha generado situaciones en las cuales personas que han sido querelladas, pero no formalizadas dentro de los cinco años, pueden solicitar el sobreseimiento definitivo de la causa mediante recursos de amparo o excepciones de previo y especial pronunciamiento en audiencias de preparación de juicio oral.
La formalización de la investigación es el acto procesal mediante el cual el Ministerio Público comunica al imputado, en audiencia ante el juez de garantía, que está siguiendo una investigación en su contra por uno o más delitos determinados. Este momento es crítico porque define el alcance de la imputación, activa el derecho a solicitar diligencias de investigación y habilita al imputado para ejercer plenamente sus derechos de defensa.
Sin embargo, la formalización también puede derivar en la imposición de medidas cautelares personales que priven o restrinjan la libertad (prisión preventiva, arresto domiciliario, prohibición de acercarse a ciertos lugares, entre otras). Nuestra estrategia en esta etapa consiste en desvirtuar la imputación desde el primer momento, argumentar la improcedencia de las medidas cautelares solicitadas por la fiscalía y garantizar que el imputado pueda enfrentar el proceso en libertad.
La acción (recurso) de amparo constitucional es una acción urgente que procede cuando una persona sufre privación, perturbación o amenaza de su libertad personal o seguridad individual de manera ilegal o arbitraria. En el ámbito penal, este recurso es esencial para frenar detenciones ilegales, formalizaciones sin fundamento, aplicación de medidas cautelares desproporcionadas o mantención indebida o injustificada de prisión preventiva.
Hemos litigado exitosamente recursos de amparo ante Cortes de Apelaciones en casos de detenciones sin orden judicial, formalizaciones tardías que vulneran la prescripción, prisiones preventivas dictadas sin cumplir requisitos legales y otras situaciones donde la actuación de tribunales o del Ministerio Público afecta garantías fundamentales del imputado/a. La clave del éxito radica en una argumentación constitucional sólida, respaldada por jurisprudencia de la CIDH, Corte Suprema y Tribunal Constitucional.
El recurso de nulidad es el mecanismo procesal que permite impugnar sentencias definitivas dictadas por Tribunales de Juicio Oral en lo Penal, y en algunos casos Juzgados de Garantía, cuando estas adolecen de vicios que afectan derechos fundamentales del imputado o cuando se han infringido sustancialmente las normas que regulan el proceso, o se ha incumplido el deber de fundamentación. Este recurso es conocido por las cortes de apelaciones o, Corte Suprema dependiendo la causal.
Nuestra experiencia en recursos de nulidad abarca una amplia gama de causales y motivos (vulneración de derechos fundamentales, infracción al debido proceso, errores en la calificación jurídica de los hechos) como así también otros vicios (errores en el razonamiento de la prueba, aplicación incorrecta de la ley penal). En cada recurso intentado procuramos argumentaciones técnicas rigurosas y presentación de jurisprudencia uniforme.
Los delitos económicos (fraude, estafa, apropiación indebida, delitos tributarios, infracciones a la Ley de Mercado de Valores, entre otros) presentan una complejidad técnica superior a la criminalidad común. Requieren conocimiento especializado en materias contables, financieras y tributarias, así como capacidad para articular defensas basadas en el análisis de documentación voluminosa y peritajes técnicos.
Nuestra estrategia en estos casos incluye el trabajo conjunto con peritos contadores, auditores y economistas para desvirtuar imputaciones fiscales, demostrar la licitud de operaciones cuestionadas y acreditar la ausencia de dolo en conductas que podrían ser calificadas como meramente administrativas. Hemos defendido exitosamente a empresarios, ejecutivos y profesionales en investigaciones por delitos tributarios complejos, logrando sobreseimientos definitivos y absoluciones.
El sistema procesal penal chileno contempla mecanismos alternativos al juicio oral que permiten resolver casos de manera más expedita y con consecuencias menos gravosas para el imputado. Estos mecanismos incluyen la suspensión condicional del procedimiento, los acuerdos reparatorios, y en casos excepcionales, el principio de oportunidad.
Nuestra estrategia consiste en evaluar técnicamente la procedencia de estas salidas alternativas desde la etapa de formalización. Cuándo es conveniente para los intereses del imputado, buscamos acordar con el Ministerio Público las condiciones más favorables posibles: plazos de suspensión razonables, montos de reparación ajustados a la capacidad económica del imputado, y penas que permitan la imposición de penas sustitutivas al presidio o reclusión (remisión condicional, libertad vigilada, reclusión parcial nocturna).
Los delitos funcionarios son aquellos cometidos por empleados públicos en el ejercicio de sus funciones: cohecho, malversación de caudales públicos, fraude al fisco, prevaricación administrativa, negociación incompatible, entre otros. Estos casos presentan particularidades procesales importantes, como la necesidad de realizar un antejuicio en algunos casos o la competencia especial de tribunales según la jerarquía del funcionario investigado.
Nuestra experiencia abarca tanto la defensa de funcionarios públicos investigados por presuntos delitos en el ejercicio de sus cargos, como la representación de víctimas que buscan perseguir responsabilidades penales de autoridades que han incurrido en ilegalidad o arbitrariedad. En ambos escenarios, la estrategia requiere conocimiento profundo del derecho administrativo, la Ley de Bases de la Administración del Estado y la jurisprudencia especializada en probidad funcionaria.
En causas penales complejas, la prueba pericial (informes de laboratorios criminalísticos, pericias contables, investigativas, evaluaciones psiquiátricas, informes médico-legal, entre otros) puede ser determinante para el resultado del caso. Sin embargo, no todo peritaje es confiable o científicamente válido. La defensa técnica efectiva requiere capacidad para cuestionar la metodología empleada, las calificaciones de los peritos y la solidez de las conclusiones presentadas.
Hemos desarrollado experiencia en la impugnación de peritajes defectuosos mediante contrapericias técnicas, interrogatorios cruzados rigurosos en juicio oral y argumentaciones basadas en estándares científicos internacionales. Esto ha permitido excluir prueba pericial que vulnera derechos y/o garantías.
El derecho migratorio chileno ha experimentado cambios sustanciales con la entrada en vigencia de la Ley 21.325 (Ley de Migración y Extranjería) y su reglamento, modificando radicalmente los procedimientos de regularización, las causales de expulsión y los mecanismos de defensa disponibles para personas extranjeras. Nuestra práctica se concentra en la defensa ante órdenes de expulsión administrativa y judicial, recursos de amparo constitucional, regularización migratoria compleja y protección de derechos fundamentales de personas migrantes.
Con amplia experiencia litigando contra el Servicio Nacional de Migraciones, Tribunales de Garantía y Cortes de Apelaciones, hemos desarrollado estrategias efectivas para frenar procesos de expulsión, regularizar situaciones migratorias complejas y proteger el derecho a la vida familiar y al debido proceso de personas extranjeras en Chile. Los subtemas que presentamos a continuación abordan las principales situaciones críticas que enfrentamos en la práctica profesional.
La expulsión administrativa es una medida dictada por el Servicio Nacional de Migraciones que ordena la salida obligatoria de una persona extranjera del territorio nacional. Las causales están establecidas en el artículo 135 de la Ley 21.325 e incluyen situaciones como ingreso clandestino, permanencia irregular superior a ciertos plazos, condenas penales, vulneración de prohibiciones de ingreso, entre otras.
Sin embargo, no toda orden de expulsión es legal o proporcional. Nuestra estrategia consiste en interponer recursos de amparo constitucional ante cortes de apelaciones cuando la orden vulnera derechos fundamentales como el derecho a la vida familiar (Convención sobre Derechos del Niño), el debido proceso, el interés superior del niño o cuando la medida es desproporcionada considerando arraigo familiar, laboral o social del extranjero. Hemos logrado anular órdenes de expulsión mediante argumentaciones constitucionales sólidas que han sido acogidas por cortes de apelaciones de Antofagasta, Santiago y otras jurisdicciones.
La regularización migratoria es el proceso mediante el cual una persona extranjera que se encuentra en situación irregular en Chile obtiene un permiso de residencia que le permite permanecer legalmente en el territorio nacional. La Ley 21.325 establece diversas categorías de residencia (temporal, definitiva, sujeta a contrato, por vínculos familiares, entre otras), cada una con requisitos específicos y procedimientos diferenciados.
Nuestra asesoría en regularización migratoria abarca desde casos simples (solicitudes de residencia temporal por motivos laborales o familiares) hasta situaciones complejas que requieren estrategias especializadas: regularización de personas con antecedentes penales, solicitudes de residencia por razones humanitarias, tramitación de permisos especiales para víctimas de trata o tráfico, entre otros. El conocimiento profundo de la normativa migratoria y de los criterios aplicados por el Servicio Nacional de Migraciones permite diseñar estrategias efectivas para cada caso particular.
La expulsión judicial es una medida accesoria que puede ser impuesta por tribunales penales como parte de una sentencia condenatoria. Conforme al artículo 89 bis del Código Penal, los tribunales pueden decretar la expulsión de extranjeros condenados por ciertos delitos, particularmente aquellos que afectan la seguridad pública o que implican violencia.
Esta medida presenta desafíos defensivos específicos, ya que debe ser combatida tanto en el proceso penal principal (buscando la absolución o una condena que no habilite la expulsión) como mediante argumentaciones constitucionales basadas en el arraigo familiar y el interés superior de los hijos. Hemos defendido exitosamente a extranjeros enfrentados a expulsiones judiciales, logrando que tribunales de juicio oral y cortes de apelaciones rechacen o revoquen estas medidas por considerarlas desproporcionadas o vulneratorias de derechos fundamentales.
El Servicio Nacional de Migraciones adopta diariamente decisiones administrativas que afectan los derechos de personas extranjeras: rechazo de solicitudes de residencia, órdenes de abandono del país, revocación de permisos, prohibiciones de ingreso, entre otras. Contra estas decisiones, la Ley 21.325 contempla recursos administrativos (reposición y jerárquico) y, en casos calificados, acciones jurisdiccionales (reclamación ante tribunales ordinarios o amparo constitucional).
Nuestra experiencia en litigios administrativos migratorios nos permite diseñar estrategias efectivas para impugnar decisiones arbitrarias o ilegales del Servicio Nacional de Migraciones. Esto incluye desde la interposición de recursos administrativos fundamentados hasta la presentación de acciones judiciales cuando la vía administrativa resulta insuficiente. El conocimiento profundo de la Ley 19.880 (Procedimiento Administrativo) y de la jurisprudencia de las cortes de apelaciones en materia migratoria es esencial para el éxito de estas impugnaciones.
La nacionalización es el procedimiento mediante el cual una persona extranjera adquiere la nacionalidad chilena, obteniendo así todos los derechos y deberes de los ciudadanos chilenos. Los requisitos están establecidos en la Constitución Política y en la Ley 21.325, e incluyen permanencia mínima en Chile (generalmente cinco años), ausencia de condenas penales, medios de vida acreditados y conocimiento básico del idioma e instituciones nacionales.
La permanencia definitiva, por su parte, es un permiso de residencia permanente que no otorga nacionalidad pero permite vivir indefinidamente en Chile sin necesidad de renovaciones periódicas. Ambos procedimientos presentan requisitos estrictos y plazos de tramitación prolongados. Nuestra asesoría abarca la preparación completa de solicitudes, anticipación de objeciones administrativas y defensa ante rechazos fundados en antecedentes penales o situaciones migratorias previas irregulares.
El reconocimiento de la condición de refugiado es un procedimiento regulado por la Ley 20.430 que permite a personas extranjeras que han huido de persecución en sus países de origen (por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a grupo social u opinión política) obtener protección internacional en Chile. Este reconocimiento otorga el derecho a permanecer en el país, trabajar legalmente y acceder a derechos sociales básicos.
La tramitación de solicitudes de refugio presenta complejidades técnicas importantes: preparación de relatos coherentes sobre la persecución sufrida, acreditación de riesgo real en caso de retorno, coordinación con organismos internacionales (ACNUR) y defensa ante rechazos fundados en incongruencias narrativas. Hemos asesorado exitosamente a solicitantes de refugio de diversas nacionalidades, logrando reconocimientos de la condición de refugiado y protección efectiva contra deportaciones a países donde enfrentarían peligro.
La residencia por vínculos familiares es una categoría especial de permiso de residencia que se otorga a extranjeros que tienen lazos familiares directos con ciudadanos chilenos o residentes definitivos: cónyuges, hijos menores de edad, padres de chilenos menores, entre otros. Esta categoría es particularmente importante porque es menos restrictiva que otras y permite regularizar situaciones migratorias complejas cuando existen vínculos familiares acreditados.
Sin embargo, la acreditación de vínculos familiares no siempre es simple. Requiere documentación apostillada o legalizada, certificados de nacimiento, matrimonio, convivencia, y en algunos casos pruebas adicionales de efectividad del vínculo familiar. Nuestra asesoría incluye la preparación completa de solicitudes, obtención de documentación en el extranjero cuando es necesario y defensa ante observaciones del Servicio Nacional de Migraciones por supuestos matrimonios de conveniencia o vínculos no acreditados suficientemente.
El interés superior del niño es un principio rector en todo procedimiento migratorio que afecta a menores de edad, consagrado en la Convención sobre los Derechos del Niño (tratado ratificado por Chile) y en la Ley 21.325. Este principio obliga a las autoridades migratorias y judiciales a considerar primordialmente el bienestar de los niños al adoptar decisiones sobre expulsión, regularización o permanencia de sus padres extranjeros.
Nuestra estrategia en casos que involucran menores de edad consiste en acreditar exhaustivamente cómo una orden de expulsión o un rechazo de regularización afectarían gravemente el desarrollo integral del niño: separación del entorno familiar, educacional y social; ruptura de vínculos afectivos esenciales; afectación del derecho a la educación y salud. Hemos logrado anular órdenes de expulsión y obtener autorizaciones de regularización mediante argumentaciones constitucionales y de derechos humanos centradas en la protección de los derechos de niños chilenos o extranjeros arraigados en Chile.
Los plazos de prescripción varían según la gravedad del delito. Para simples delitos, el plazo es de cinco años desde la comisión del hecho. Para crímenes, el plazo se calcula según la pena asignada al delito. La jurisprudencia reciente de la Corte Suprema ha establecido que solo la formalización de la investigación suspende este plazo; la querella criminal, por sí sola, no tiene efectos suspensivos. Si el Ministerio Público no formaliza dentro del plazo legal, la acción penal se extingue y el caso debe ser sobreseído definitivamente.
Sí, es posible mediante una estrategia defensiva sólida. La prisión preventiva solo procede cuando se cumplen requisitos legales estrictos: fundamento de participación en el delito, pena probable superior a 541 días, y peligro de fuga u obstaculización. La defensa técnica efectiva consiste en desvirtuar estos presupuestos, acreditar arraigo (laboral, familiar, domiciliario), presentar alternativas como cautelares ambulatorias (firma periódica, prohibición de salida del país) y argumentar proporcionalidad de las medidas. Con preparación exhaustiva y comparecencia inmediata en la audiencia de formalización, es posible enfrentar el proceso en libertad.
El recurso de amparo constitucional es una acción urgente que procede cuando una orden de expulsión vulnera derechos fundamentales de la persona extranjera. Procede especialmente cuando existen vínculos familiares profundos en Chile (hijos chilenos, cónyuge chileno), cuando la medida es desproporcionada respecto de la infracción cometida, o cuando no se respetó el debido proceso administrativo. El amparo debe interponerse antes de la ejecución de la expulsión, ya que su objetivo es frenar la medida y obtener revisión judicial. Las cortes de apelaciones han acogido amparos basados en el interés superior del niño y el derecho a la vida familiar, anulando expulsiones que afectaban gravemente a menores de edad.
Depende de la gravedad de los antecedentes y del tipo de permiso solicitado. La Ley 21.325 establece impedimentos absolutos para quienes tienen condenas por delitos graves (terrorismo, tráfico de drogas, delitos sexuales contra menores). Sin embargo, para otros delitos, es posible regularizar mediante estrategias específicas: acreditar rehabilitación social, solicitar permisos por vínculos familiares (que tienen menos restricciones), o argumentar situaciones humanitarias. La coordinación entre defensa penal y tramitación migratoria es clave: en algunos casos, es preferible resolver primero la situación penal (mediante sobreseimiento, absolución o salidas alternativas) antes de solicitar permisos de residencia.
Los plazos varían significativamente según el tipo de permiso y la complejidad del caso. Una solicitud de residencia temporal puede demorarse entre 3 y 6 meses en casos simples, mientras que casos complejos (con observaciones administrativas, antecedentes penales o documentación incompleta) pueden extenderse hasta 12 meses o más. La permanencia definitiva requiere previamente 1-2 años de residencia temporal. La nacionalización puede demorar entre 1 y 3 años desde la presentación de la solicitud hasta la resolución del Ministerio del Interior. Es crucial iniciar trámites con anticipación y mantener seguimiento constante para responder oportunamente a observaciones del Servicio Nacional de Migraciones.
Las salidas alternativas (suspensión condicional del procedimiento y acuerdos reparatorios) extinguen la responsabilidad penal sin condena si se cumplen las condiciones. El procedimiento abreviado, en cambio, implica reconocimiento de hechos y condena, aunque con rebaja de pena. La suspensión condicional procede en delitos con pena no superior a 3 años, permite cumplir condiciones durante 1-3 años y, al finalizar exitosamente, el caso se sobresee definitivamente. Los acuerdos reparatorios extinguen inmediatamente la acción penal mediante reparación a la víctima. El abreviado es útil cuando no proceden salidas alternativas pero se busca evitar juicio oral y obtener penas reducidas o sustitutivas.
Si enfrenta un proceso penal complejo, una orden de expulsión migratoria o necesita regularizar su situación en Chile, contáctenos para una evaluación estratégica de su caso. Más de 20 años de experiencia nos respaldan.
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